El empleo de las plataformas de e-commerce para la venta de productos se ha convertido en la piedra angular de las estrategias de digitalización de muchas marcas de moda. El comercio electrónico se constituye como uno de los motores de la economía en España, cuestión que ha quedado reforzada y respaldada tras la crisis provocada por la COVID-19 que ha supuesto un antes y un después en el modelo de venta de las empresas. Además, el comercio electrónico favorece la transparencia y la competencia en precios, permitiendo al consumidor acceder a mejores ofertas y adoptar decisiones de compra mejor informadas.
En cuanto a normativa se refiere, existen diferentes regulaciones que afectan de lleno a las ventas online realizadas a través de los e-commerce, entre estas normas podríamos citar la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (en adelante, LSSI), el Reglamento (UE) 2018/302 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de febrero de 2018, sobre medidas destinadas a impedir el bloqueo geográfico injustificado y otras formas de discriminación por razón de la nacionalidad, del lugar de residencia o del lugar de establecimiento de los clientes en el mercado interior (en adelante, el Reglamento de Geoblocking), el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (en adelante, el TFUE), Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (en adelante, el TRLPI), la Ley de Marcas (en adelante, la LM) y el Reglamento sobre la Marca de la Unión Europea (en adelante, el RMUE).
