FALSIFICACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE PRODUCTOS.
Según definición de Wikipedia, “LA FALSIFICACIÓN es un acto consistente en la creación o modificación de ciertos documentos, efectos, productos (bienes o servicios), con el fin de hacerlos parecer como verdaderos o para alterar o simular la verdad.
La falsificación es considerada un crimen de «guantes blancos», ya que carece de violencia y en general implica transacciones comerciales. “
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La producción y venta de productos falsificados es un problema creciente a nivel mundial, que moviliza miles de millones de euros anuales y está en todas partes y en todos los ámbitos: desde que comemos, a lo que vestimos, documentos públicos o privados, arte, billetes, marcas comerciales, fármacos y productos electrónicos.
Según cálculos de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión (EUIPO), mientras que en la Unión Europea se pierden hasta 60.000 millones de euros por culpa de las falsificaciones y la piratería, en España la cifra asciende hasta 6.700 millones al año, cifra que se traduce en una pérdida del 10,6% de las ventas totales y la destrucción de 53.467 empleos.
Si en alguna ocasión ha encontrado un determinado producto de una marca muy conocida que costaba considerablemente menos que el precio habitual, es muy probable que haya encontrado un fake.
A menudo, la tentación para los consumidores es muy fuerte, dejándose llevar por las “gangas”, sin comprenden lo arriesgado que es adquirir un producto que no está adscrito a los estándares de calidad o no haya pasado los controles de seguridad y sanitarios oportunos.
Los productos falsificados normalmente están hechos de materiales inferiores que no cumplen con los estándares de calidad y por ello, se consideran inseguros y en ocasiones suponen un riesgo para la salud. A la vez, generan importantísimas perdidas económicas a la marca infringiendo los derechos de autor y dañando su integridad.
¿Qué pasa con los productos incautados por las aduanas?
Si hablamos del almacenamiento y de la posibilidad de destrucción posterior de productos
que infringen la propiedad intelectual, su regulación se deriva del marco jurídico internacional para la observancia de los derechos de propiedad intelectual establecidos en el Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).
En base al ADIPC, se dispone que las autoridades aduaneras pueden suspender el despacho de mercancías potencialmente infractoras, así como la posibilidad de disponer o destruir bienes que infrinjan la propiedad intelectual de manera que les impida ingresar a los canales comerciales
En ausencia de litigios, los procedimientos simplificados permiten la rápida destrucción y eliminación de mercancías y, por lo tanto, reducen los costos de almacenamiento.
El artículo 45 del Acuerdo sobre los ADPIC, obliga a los Miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) a que los gastos sean asumidos por el infractor a la vez que se intenta que los titulares de derechos sean indemnizados por daños y perjuicios sufridos.
No obstante, la realidad es que los infractores o los grupos criminales, desaparecen, o poco después de enviar los productos, las empresas importadoras se liquidan o a menudo se retiran rápidamente del proceso, de manera que la carga recae sobre el titular-víctima del derecho o sobre el Gobierno.
Actualmente, en la práctica sigue siendo un desafío que las medidas judiciales ayuden a proporcionar un alivio de los costes asociados y a garantizar que los titulares de derechos y los gobiernos sean compensados por sus costos. cuando se pueda identificar al infractor.
¿Cuáles son los métodos de destrucción de productos falsificados?
Los procesos de almacenamiento y la destrucción o eliminación de productos que infringen la propiedad intelectual son procesos autorizados según la legislación de cada país, son supervisados y pueden realizarse por distintos organismos (ej.: agencias ambientales, contratistas privados, agencias de aplicación de la propiedad intelectual).
Son necesarios métodos, instalaciones especializadas e intervención de profesionales con experiencia para la eliminación o destrucción de mercancía falsificada y que infringe los derechos de propiedad intelectual, debiendo realizarse de manera adecuada y ambientalmente segura de acuerdo con la legislación ambiental y de salud pública aplicable.
Las mercancías deberán depositarse en aduanas seguros. El problema surge cuando el litigio en relación con dichos productos suele prolongarse en el tiempo o cuando se incautan cantidades significativas de mercancías, viéndose limitado en poco tiempo el espacio de almacenamiento de las aduanas.
Y si hablamos de productos químicos falsificados (p. ej.: plaguicidas), el almacenamiento debe garantizarse en lugares seguros a fin de evitar la posibilidad de liberación de sustancias tóxicas, incendios o explosiones.
Respecto a los problemas ambientales que pueden derivarse, los falsificadores no suelen cumplir con las normas de seguridad y es frecuente que los materiales que utilizan sean tóxicos o que se incendien fácilmente.
Así, la incineración de los productos fake deberá hacerse en incineradores comerciales «aptos para su propósito«, la trituración o el encapsulado (encerrar los productos falsificados) en sólidos inertes – grava, cemento- para que posteriormente se viertan en un vertedero habilitado para ello.
Hay productos que por los materiales valiosos que contienen – p.ej. electrónicos falsificados-, podrían reciclarse siempre y cuando se lleve a cabo dicho reciclaje en un sistema regulado formal para prevenir la contaminación y los impactos en la salud de los trabajadores, y que el primer paso debe ser eliminar la funcionalidad de los productos para garantizar que no puedan volver a ingresar al mercado.
En el proceso de almacenamiento- destrucción, se requiere que altos niveles de colaboración de las partes interesadas que suelen coincidir con los titulares – víctimas de derechos vulnerados.
Estos desempeñan un papel clave en todas las etapas de las operaciones de observancia del proceso, desde la interceptación de los productos hasta su eliminación y destrucción.
Gracias a su cooperación y aportación se pueden identificar los productos falsificados y que infringen la propiedad intelectual, y se pueden iniciar procedimientos y operaciones de eliminación y destrucción respetuosas con el medio ambiente mediante el intercambio de conocimientos, la asistencia y la cooperación con las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley.
En concreto, pueden ayudar a las autoridades de las siguientes formas:
- cuando sea necesario, proporcionar apoyo financiero y logístico para garantizar la eliminación segura de los productos infractores que contravengan su marca.
- compartir con las autoridades las técnicas efectivas e innovadoras para mejorar el reciclaje y la eliminación y destrucción de productos falsificados que infringen la propiedad intelectual.
¿Cómo detener el flujo de falsificaciones de productos?
Mientras los compradores tienen derecho a obtener el producto por el que han pagado, las empresas tienen derecho a proteger su reputación ganada con tanto esfuerzo luchando agresivamente contra las falsificaciones. El auge del comercio electrónico y la acelerada incursión de las empresas en el mundo digital, han disparado las ventas de productos falsificados por internet.
Así, para impedir que otros utilicen o fabriquen los productos de una marca sin permiso, ésta debe asegurarse de obtener una patente, marca comercial o derechos de autor. Y registrarlos en países donde pueden originarse productos falsificados.
Es importante también que las empresas eduquen a sus compradores y les faciliten medios para que en caso de detectar una irregularidad o si han recibido una versión falsificada del producto, puedan informar de ello.
Pero no hay duda de que a corto plazo y sin la colaboración y cooperación de los organismos encargados de hacer cumplir la ley en cada país, va a ser complicado detener el flujo de falsificaciones.
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