LA CRISIS DEL CAMPO Vs LAS CADENAS DE DISTRIBUCIÓN

La intervención de las cadenas de distribución

Hace ya unos días, por no decir unas semanas, que empezamos con lo que podíamos denominar como “la crisis del Campo por la intervención de las Cadenas de Distribución” o la “crisis de los supermercados”, derivado de las protestas que tan de actualidad están de los agricultores y todas aquellas personas que, con tanto sacrificio todo hay que decirlo, viven del campo, y de las intervenciones públicas de altos cargos del Gobierno, especialmente algún Ministro, que no han hecho nada más que arrojar, de manera incontrolada, más gasolina a la situación, como una huida hacia adelante, a fin de tapar los verdaderos problemas.

 

Como todo el mundo recordará, hace unas semanas, comenzaron las protestas del sector agrario, derivado del precio de origen vs. el precio de venta al consumidor de sus productos agroalimentarios, atacándose indiscriminadamente al sector de la distribución alimentaria (lo que popularmente conocemos como las cadenas de supermercados), a través de un mensaje demasiado simplista como es que se paga muy poco a los agricultores y vende muy cara la distribución que se está lucrando a costa del esfuerzo y el trabajo de la gente del campo. Esto es lo que, a efectos del presente artículo, vamos a denominar como la “Crisis de las Cadenas de Distribución”.

Por ello, con éste artículo, lo que pretendemos a tratar de arrojar un poco de luz a la situación y tratar de explicar cuál es la verdadera situación, tanto del sector agrario como de las cadenas de distribución y que éstas no son las culpables, pudiendo ser los culpables los mismos que han avivado la situación.

La acción del gobierno

El primer problema, que nos encontramos en esta crisis, y de los que en absoluto tiene nada que ver la distribución y ello a pesar de los intentos de desviar “la mirada” mediante el ataque demagogo directo a las cadenas de distribución, ya aludido, es derivado de la propia acción del Gobierno, con la reciente subida llevada a cabo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), subida que, por otra parte, se ha hecho sin prever los posibles efectos (negativos) que la misma pueden tener para determinados sectores económicos, como es el caso que nos ocupa, del sector agrario.

De ésta manera, en vez de valorar los efectos de la medida llevada a cabo, por parte de la Administración lo que se hace es atacar, frontalmente, al sector de la Distribución Alimentaria (Cadenas de Supermercados), sobre la errónea base de que los distribuidores se están enriqueciendo a costa de los agricultores, debido a las elevadas diferencias de precio existentes entre el precio al que venden los agricultores y el precio al que venden la Distribución (al consumidor), y que dicha diferencias constituye una muestra clara de un enriquecimiento espurio de la distribución, lo que, también, tienen su reflejo negativo en el ámbito de los consumidores, quienes comprarían los productos muchos más caros de lo que realmente deberían de hacerlo.

 

 

El hándicap de dicho planteamiento es que no se paran a pensar si dicha deferencia de precios estaría o no justificada, por ejemplo, por la intervención de otros componentes/operadores de la cadena (entre los productores del producto, valga la redundancia, y el consumidor final) o bien por la introducción de algún proceso de transformación/mejora en los productos comprados originariamente.

 

No es una cuestión de que los agricultores reciban precios más altos a costa de los beneficios de la distribución, de manera que éstos se encuentren con unos mayores ingresos que les puedan permitir hacer frente al pago del SMI, pues como ya hemos dejado indicado, no tienen en cuenta que el producto que se compra al agricultor y el que compra el consumidor no tiene porqué ser el mismo (ha podido sufrir alguna trasformación) o bien en dicha cadena han podido intervenir otros operadores.

Además, dicho planteamiento, no tiene en cuenta otras cuestiones como los propios costes (económicos) en los que la distribución tiene que incurrir para ponerle los productos a disposición al consumidor, no nos olvidemos, en su propio hogar o al menos cerca del mismo, y que este (el consumidor) no tenga que desplazarse al origen a comprar el producto, ahorrando tiempo, esfuerzo y contribuyendo así una mayor comodidad del mismo, es decir, a ahorrarle tiempo al consumidor.

¿Mejora del producto?

Así, llegado este punto, cabría preguntarnos sí ¿este ahorro del tiempo o mayor comodidad para el consumidor podría ser considerado como una mejora del producto? Desde un punto de vista económico, y ello a pesar de que no todo el mundo quiera así verlo, sería afirmativa (SI), por lo que, ya no sería exactamente el mismo producto el que se compra en origen que el que compra el consumidor en el supermercado, pues se habría introducido una mejora, aunque sea desde un punto de vista económica (un mayor valor del producto).

 

 

Debe tenerse en cuenta, cosa que no se hace, que la cuestión no es tan sencilla, como se plantea, pues en la cadena de valor de los productos, pueden contar con varios eslabones, que determina la generación de una seria de costes que son repercutidos a los productos, que es lo que configura el precio final de los mismos.

Así, y de cara a lo anterior, debemos de tener presente que:

• En el ámbito de la alimentación, y especialmente en el ámbito agroalimentario, se habla de productos que suelen tener un coste de producción relativamente muy bajo, por lo que el hecho de repercutir otros costes añadidos, facilita en exceso, que la diferencia de precio entre el precio de compra en origen y el precio de compra por parte del consumidor al final de la cadena sea mayor.
• No es del todo cierto que el agricultor venda directamente a la distribución, pues puede darse el caso en el que intervengan otros operadores (Comercializadores en Origen) en la cadena del producto (Ej. Centrales Hortofrutícolas, Cooperativas Agrarias, etc.), que, por otra parte, también repercuten los gastos en los que incurran (Ej. Transporte, Almacenamiento, etc.) en el producto.
• Que hay que incluir los costes/gastos en los que incurre la distribución (mayorista), tales como coste de transporte, posible transformación (ej. Lavado o envasado del producto), coste de almacenamiento, gastos generales, comerciales, financieros, mermas, etc.
• Hay que incluir los costes/gastos en los que incurre la distribución (minorista) tales como traslado desde el almacén del distribuidor mayorista al supermercado, gastos de personal, gastos de almacenamiento, gastos generales, comerciales, financieros, mermas, etc.
• Los propios impuestos que gravan los productos, en todos los ámbitos de la cadena, aunque sobre esta cuestión ya hablaremos más adelante.

Todo esto, no hace más que esa diferencia entre el precio de venta del agricultor y el precio de venta al consumidor, se vaya multiplicando exponencialmente, diferencia que, por otra, parte NO es debida, generalmente, a la inclusión de unos márgenes (beneficios) desmedidos por parte de los intermediarios que participan en éste proceso, y en concreto de la distribución alimentaria, ya sea tanto la mayorista como la minorista.

En consecuencia:

1. Toda la cadena de valor, tiene una serie de costes/gastos que tienen que repercutir/imputar en el valor del producto y que hacen, indefectiblemente, que el precio del producto se vaya encareciendo con cada eslabón de la cadena, que se van incorporando al proceso y que van incorporando, valga la redundancia, valor al producto (de ahí esas diferencias de precios entre el precio de compra al agricultor y el precio de compra del consumidor), por lo que NO es cierto que la distribución obtenga unos beneficios desmedidos en perjuicio de los agricultores que reciben un precio irrisorio por sus productos.
2. Dada la propia competitividad del mercado, y la propia tendencia hacia la obtención de la máxime rentabilidad, por parte de todos los eslabones de la cadena de valor, se puede llegar a afirmar que no existen procesos innecesarios en la propia cadena, que encarezcan el producto sin razón, es decir, que no hay eslabones que repercutan costes que encarezcan el producto sin que hayan llevado a cabo alguna acción o mejora en el propio producto que le aporten valor, pues de lo contrario, harían que el mismo ya estuviera fuera del propio mercado.

Margen en el ámbito agroalimentario y de la distribución

El segundo de los problemas con los que nos encontramos es que se comete, igualmente, un doble error, pues (i) se confundir margen por unidad vendida con beneficio (neto) y (ii) se parte de una premisa equivocada respecto del posible margen en el ámbito agroalimentario y de la distribución al considerar que, especialmente en éste último ámbito, se juegan con unos márgenes por unidad vendida muy abultados, lo cual ya adelanto que no es cierto.

En éste sentido, como ya indicaba, se comete el error de confundir la existencia de un posible margen por unidad vendida alto con la obtención de un beneficio (neto) alto, dado que el hecho de contar con un margen bruto (que cubra los costes incurridos en el tratamiento del producto y el beneficio imputado) no implica que el beneficio neto que finalmente obtenga, sobre todo el proceso llevado a cabo (descontando los gastos incurridos), sea muy alto y por ende la rentabilidad final sea mucho más baja de lo erróneamente creído, máxime cuando ello, dependerá de muchos factores, muchos de ellos, ajenos al propio distribuidor, y de la propia inversión de capital que éste tenga que llevar a cabo.

 

Lo anterior es más significativo cuanto más se baja dentro de la cadena, pues, en contra de lo puesto de manifiesto, se estima que la rentabilidad (beneficio neto) es más bajo, porcentualmente hablando, cuando más se baja dentro de la propia cadena de valor, es decir, que porcentualmente, los comercializadores en origen (que no los agricultores) obtienen un beneficio (porcentualmente hablando) mayor que las cadenas de distribución y, especialmente, los propios supermercados, ojo, según se desprende de los propios informes del propio Ministerio de Agricultura.

 

Así, el margen bruto engloba distintos procesos, necesarios todos ellos, dentro del proceso de comercialización del producto, que variará en función del eslabón de la propia cadena en el que estemos y el tipo de producto, todo lo cual deberá de ser sumado el precio del producto, propiamente dicho, y que no deberá de ser confundido con el beneficio neto que se obtiene una vez descontado todos los costes derivados del producto.

 

Así, en contra de lo popularmente creído, el beneficio de las grandes cadenas de supermercados no es tan abultado, porcentualmente hablando, llegando a tener un beneficio que varía entre un 0,5-1,5% (según KPMG), aunque las grandes empresas pueden estar entre el 2-3,5%, en función de la cadena (tal y como se desprende de las propias cuentas anuales que se formulan y aprueban cada año por parte de las mismas, por si alguien se quiere molestar en comprobarlo), y ello a pesar de poder contar con márgenes que pueden estar entre el 10-15%, que ya son de por sí muy ajustados especialmente dada la propia competitividad del mercado alimentarios aunque no lo parezca, lo que supone que las cadenas de distribución no obtienen unos grandes beneficios por unidad vendida.

En consecuencia:

1. El margen de las cadenas de distribución es, porcentualmente hablando, muy reducido, en contra de lo popularmente considerado;
2. De lo anterior se desprende que estamos ante un mercado muy desarrollado, consolidado y competitivo, donde el margen y beneficio neto está muy aquilatado, precisamente para poder competir y que el propio mercado no te expulse, máxime cuando todos los operadores, de la distribución, se mueven en los mismos parámetros, lo que se trasladaría también “aguas arriba”, es decir, a los propios agricultores, que también tienen que ser muy competitivos y ajustarse en precios, reciben precios más bajos y “aguas abajo”, dado que con todo esto los consumidores resultan (los gran) beneficiados, dado que consiguen los productos a unos precios más bajos y competitivos.

• Que precisamente, por esa competitividad del mercados, que hacen que se paguen precios más ajustados, especialmente por parte de los consumidores finales, se produce una activación del consumo y, en consecuencia, de la rotación de los productos, que es precisamente lo que explica los beneficios netos de la distribución, en cifras económicas (y no porcentuales), dado que el negocio y el beneficio de las cadenas de distribución (cadenas de supermercados) está en la rotación y en la venta de volumen gracias a lo cual ganan en eficiencia y reducen los costes, y no en el margen y beneficio neto. Básicamente el principio popular de “vendo mucho porque vendo barato y vendo barato porque vendo mucho”, pero en éste sentido el concepto de barato hay que asociarlo a competitivo y ajustado (no a tirar los precios o vender bajo de coste), pues en las cadenas se ajusta al máximo (eficiencia) posible el margen en cada etapa de la cadena de valor y se evita todo aquello superfluo o que no aporta valor al producto en sí.

1. Aunque se redujera el margen neto de las grandes cadenas de la distribución (y ello aun incluso cuando fuera “0”), no se evitaría que siguiera existiendo la abultada diferencia que existen entre los precios en origen de compra al agricultor y los precios de venta al consumidor final, máxime cuando el hecho de que exista tal diferencia NO refleja que haya unos beneficios desmesurados entre los eslabones de la cadena de valor, y más especialmente de las cadenas de distribución.

Aspectos fiscales

El tercero de los problemas, que me atrevería a decir que es el mayor de todos, es el que ya anunciaba anteriormente y que es generado, precisamente por parte del Gobierno, como es el problema de la tasa fiscal (impuestos), tanto directos como indirectos, que afecta a la toda la cadena de la distribución, desde origen hasta el consumidor final, aunque este problema no es exclusivo de éste sector, sino que es un problema de todos los sectores.

Vistos los márgenes tan ajustados que se mueven dentro de éste sector, tal y como hemos visto en los párrafos anteriores, los agricultores tienen que hacer frente a la subida del SMI, sin que el Gobierno tenga en cuenta como, en los últimos años, se ha ido incrementando exponencialmente los costes fijos de la actividad, vía impuestos y costes de la Administración (no nos olvidemos que la subida del SMI a 950 €/mes supone un coste real para el agricultor de unos 1.400-1.500 €/mes) tales como:

• Coste de la Luz, donde el 60% del precio son impuestos y subvenciones dadas por parte del Estado.
• Carburante, donde el 47% (en el caso del gasóleo) o 52% (en el caso de la gasolina) son impuestos.
• El IVA, el cual, en la mayoría de los productos alimentarios, está al tipo máximo del 21%.
• Los impuestos propios de la actividad.

En éste sentido, hay estadísticas, que me parecen muy sensatas y creíbles, que hablan que, del coste de producción  a nivel del sector agrícola, el 41% es coste fiscal, es decir, son impuestos y recaudación de la Administración, y así en el resto de los eslabones de la cadena de valor.

Todo lo anterior, determina que, aproximadamente, el 40-45% del coste final de un producto, derivado del sector agrícola, pagado por parte del consumidor final, son impuestos.

 

Por todo lo anterior, y a la luz de todo lo expuesto, la participación de las Cadenas de Distribución, en la crisis del campo es nula, y ello a pesar de los propios intentos del Gobierno de tratar de hacer foco en las mismas como un claro intento de evadir la responsabilidad derivada de las medidas adoptadas sin pararse a pensar en los efectos que pudieran ocasionar, como es una cuestión tan simple como la subida del SMI, dado que los propios problemas/crisis del “campo” lo es también de todos los eslabones de la cadena de valor agroalimentaria, incluida de la propia distribución.

Ante esta situación, soluciones, pues la verdad es que son difíciles, pero pasarían por una reducción de la carga fiscal (como se están llevando a cabo en determinadas Comunidades Autónomas), por una mayor dimensionamiento y estructuración del sector productor y en la fijación de relaciones estables y de confianza (tal y como se pretende con las normas que ya existen, precisamente, en el sector y con el Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la Contratación Alimentaria).